La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha lanzado su informe sobre el estallido social acontecido en Chile el 2019, en el cual ha presentado diferentes antecedentes, así como conclusiones y también recomendaciones al Estado para procurar el resguardo de los derechos humanos y la protesta pacífica.
Es por esto que CNN Chile conversó con Joel Hernández, comisionado de la organización internacional, para profundizar en las percepciones del organismo tras su visita al país, en la que investigó sobre el abuso de la fuerza policial, los casos de víctimas e incluso de los llamados “presos de la revuelta”.
Sobre el periodo de enero de 2020, en que la comisión estuvo investigando en Chile, Hernández confirmó que “el propósito de la visita fue conocer causas y consecuencias del estallido social”, alertando que, entre sus conclusiones “hubo situaciones de represión y abuso del uso de la fuerza para reprimir a la protesta social y pacífica que se realizó de manera mayoritaria en el país”.
“La comisión también da cuenta de los actos de violencia y vandalismo que se vieron asociados a esa protesta”, enfatizó Hernández, “y ahí también están las obligaciones del Estado para mantener la protesta con sus actos pacíficos“. Así, añadió que “una de las recomendaciones va en el fortalecimiento de la policía, el cuerpo de Carabineros, precisamente en el desarrollo de protocolos sobre el uso de la fuerza acorde a los estándares internacionales y esto debe, a la vez, estar acompañado de capacitación”, destacando también que “otra de las recomendaciones es avanzar en la reparación a las víctimas“.
Lee también: Toma del INDH suspende negociaciones con representantes, mientras equipo de Boric interviene para retomar el diálogo
En cuanto a las conclusiones de este contexto, el comisionado destacó que “es obligación de un Estado que se pueda realizar la protesta pacífica” y que “cuando existen actos que exceden esa protesta pacífica, una responsabilidad del Estado es precisamente proteger, tanto a las personas que se están manifestando pacíficamente, como a terceros que se ven afectados por los casos de violencia”.
Con posterioridad, continuó, “otra obligación del Estado es llevar a cabo una investigación y enjuiciamiento de esos actos de violencia que excedieron a la protesta pacífica”. Dicho aquello, Hernández aclaró que para la comisión “un hecho de violencia no deslegitima a la protesta social de un país ” y que “en el estallido social hubo una contundente y mayoritaria protesta social y pacífica“.
En la investigación la comisión también confirmó “los casos documentados de abuso de uso de la fuerza, que tuvieron víctimas, lesionados y fallecidos“. No obstante, Hernández señaló que tuvieron una buena evaluación respecto a las medidas que hasta ahora el gobierno ha ofrecido a las víctimas: “La Comisión ha tomado nota del avance del programa de rehabilitación a personas que sufrieron daños oculares, lesionados graves y acompañamiento contra la violencia hacia la mujer”, afirmó.
Finalmente, ante los denominados”presos de la revuelta”, Hernández sostuvo que la comisión cifró alrededor de 30 personas que se mantienen con prisión preventiva tras el estallido social. Sin referirse al proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en el Congreso Nacional, el representante recordó que “uno de los postulados de la Comisión es que los países reduzcan la cantidad de personas en prisión preventiva“.
Deja tu comentario