Columna de Jorge Jaraquemada: Entre la lucha y el recreo

Los recientes hechos de violencia estudiantil —escolares embozados lanzando molotov y universitarios emboscando autoridades— han sido unánimemente condenados, pero no con la misma determinación. Esa tibieza delata la incomodidad para fijar parámetros consistentes. El rector de la Universidad Austral optó por una indolente pasividad y los cuatro candidatos a conducir la Universidad de Chile, en un debate reciente, simplemente esquivaron pronunciarse. El silencio también es una postura.

Lo llamativo no es que ocurran estos hechos, sino que todavía se consideren desbordes circunstanciales sin genealogía política. No son episodios aislados, sino parte de una secuencia que se extiende por más de una década: tomas prolongadas, salas destruidas, agresión a profesores y normalización de métodos que exceden la protesta legítima.

Se ha consolidado una cultura que relativiza los límites de la movilización en tanto es funcional a ciertos relatos políticos. La diferencia no es fortuita; responde a una lógica de incentivos donde el conflicto trae dividendos. En este contexto, proliferan justificaciones de la radicalización estudiantil porque al lograr imponer prioridades o forzar decisiones transmite el mensaje de que el mecanismo es eficaz. Y su condena selectiva refuerza esa percepción.

Frente a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias en un campus universitario y los disturbios incendiarios en colegios, la pregunta es por qué el reproche ético al uso de la violencia varía dependiendo de la orientación ideológica del gobierno. La protesta es un derecho; la coerción no lo es. Y esa distinción no depende de quién ocupe La Moneda.

Si las movilizaciones rupturistas se activan con intensidad frente a ciertos gobiernos, usualmente de derecha, y se atenúan frente a otros, normalmente de izquierda, entonces la gobernabilidad está condicionada por la cercanía o distancia entre quienes gobiernan y quienes se movilizan. Es fácil advertir la marcada diferencia en el grado de beligerancia de las protestas ante gobiernos de distinto signo —como lo evidencia la comparación entre Piñera, Boric y Kast—, lo que sugiere que no actúan con autonomía, persiguiendo objetivos específicos, sino que lo hacen en concomitancia con dinámicas políticas.

Pero el problema trasciende al orden público. Las universidades y colegios son cuerpos intermedios de la sociedad, espacios con fines propios —formativos, académicos— cuya autonomía se desnaturaliza cuando son instrumentalizados para la confrontación política. Recurrir a la violencia no solo transgrede la ley, sino que erosiona la naturaleza de esas instituciones y las degrada en plataformas de presión partidista.

Si colegios y universidades dejan de ser espacios educativos para transformarse en trincheras ideológicas —con fuego, overoles y capuchas—, la democracia extravía un equilibrio fundamental. En la medida en que la acción estudiantil se subordina a disputas de poder, la autonomía social se diluye y estas instituciones pierden su identidad. Defenderlas implica resguardarlas tanto de la instrumentalización política como del recurso a la fuerza como herramienta de presión.

En suma, el talante de las actuales acciones estudiantiles no es sorpresivo, sino el resultado acumulado de años en que ha primado la ambivalencia. La sociedad tiene que definir —de una vez— un estándar transversal y éticamente consistente frente al empleo de la violencia. La verdadera prueba de madurez democrática no está en condenarla cuando conviene, sino en establecer un marco común que siempre deslegitime y rechace su uso. Sin ese criterio, lo que tenemos es recreo para unos y lucha para otros.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán