Le han llamado el desastre de Rancagua y se quedan cortos. Lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones de esa ciudad es de máxima gravedad.
Ya son tres los ministros suspendidos: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz en el marco de una investigación administrativa. Los tres ex masones fueron expulsados por la Gran Logia que tiene a varios de sus miembros en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
Las denuncias son variadas: desde nombramientos irregulares a dinero a cambio de fallos, narcos favorecidos y más. Suma y sigue. El fiscal regional llevaba una causa por nombramientos ilegales. La hija de Vásquez nombrada por él y luego 11 veces más por Elgueta en cargos de la zona.
El 19 de noviembre el senador Juan Pablo Letelier se reúne con el fiscal nacional para manifestarle su preocupación por las diferencias entre magistrados de la corte y el fiscal Arias. Ese mismo 19 de noviembre le quitan a Arias esta causa. Pero había otra investigación penal que no era conocida y que siguió avanzando en la Fiscalía de O’Higgins. En ella el magistrado Emilio Elgueta será formalizado por prevaricación y enriquecimiento ilícito.
El vicepresidente de la asociación de magistrados nos dijo ayer en Marca Registrada que la corrupción en nombramientos judiciales estaba normalizada. Corrupción.
Hay muchas preguntas en el aire: ¿está realmente normalizada? ¿Y sólo en designaciones o también en fallos? ¿Qué rol juegan diferentes autoridades en los nombramientos? ¿Es un caso excepcional lo de Rancagua o estamos ante la punta del iceberg? Lo cierto es que sea uno o más, las acusaciones son gravísimas.
Porque la Justicia es el último refugio de los ciudadanos cuando sus derechos son vulnerados y si eso falla, nuestra democracia está en riesgo.
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