El informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela ciertamente no fue cómodo para nadie. Por un lado, vuelve a ratificar los sufrimientos concretos y potenciales de quienes viven en esa dictadura, lo que hace muy difícil de explicar qué podría justificar lo que ha ocurrido en Chacalluta con personas que, o son refugiados o son migrantes forzosos, pero ciertamente no son turistas.
Más incómodo aún es para el Partido Comunista (PC). De hecho, ya hay voces disidentes que han hablado de un reporte lapidario. Incluso para ellos lo reportado es complejo porque parece inverosímil que ellos, u otros desde el Frente Amplio, necesitaran palabras desde la ONU para conocer lo que es evidente desde hace mucho. Recuerda tanto a los que necesitaron el Informe Rettig para saber que en Chile la dictadura de Augusto Pinochet torturó, asesinó e hizo desaparecer.
Pero en el PC hubo quienes criticaron a la Alta Comisionada. No sorprende. ¿Podrían seguir defendiendo a Nicolás Maduro si aceptaran lo que ocurre en Venezuela? No. Si no llevan la atención a las sanciones económicas, a los intentos de golpe, ¿qué les queda para tratar de sostener la extraña lógica argumental de defender al sucesor de Hugo Chávez?
Implicaría tener que abandonar a uno de los pocos proyectos que en el continente le generan adhesión ideológica. Es sin duda un zapato chino desde el punto de vista político.
Pero hay también un dilema ético. Porque ¿de qué hubiera servido que Michelle Bachelet hablara del contexto que rodea la problemática venezolana? De nada. Porque no hay contexto que justifique la violación de DD.HH. y eso, los comunistas -que tan bien lo puntualizaron a raíz de la polémica por el Museo de la Memoria- harían excelente en recordarlo hoy.
Su pérdida política ya está hecha aunque ellos no lo asuman.
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