“¿Quiere empezar con una persona muerta?”. Así de desesperada le habló hoy al ministro de Salud una mujer que sufrió un accidente cerebrovascular y que lleva meses tratando que le paguen su licencia médica.
Hay que reconocer que Jaime Mañalic ha enfrentado en terreno la crisis del Compin. Mañalich nombró una interventora y anunció que hay que caminar hacia un sistema electrónico completo porque el de papel tiene más del doble de carga de trámites. Prometió que para la próxima semana estarán pagadas 2/3 de las licencias atrasadas, que en total llegan a 27 mil, y que en 45 días cancelarán el resto.
Es, sin duda, una buena noticia para esas personas enfermas que debieran estar preocupadas de mejorarse y no de cómo sobreviven ellos y sus familias cuando un sueldo (ya insuficiente) falta durante largo tiempo por el no pago de la licencia. Eso colma la paciencia, angustia e indigna.
Es grave lo que reconoce Mañalich: “La gran mayoría de las licencias están detenidas por banalidades”. Parece evidente, porque si 2/3 pueden gestionarse en menos de dos semanas, entonces es una vergüenza que hayan estado impagas. Una falla inaceptable del Estado, como el nuevamente ministro de Salud reconoció.
Este no es un problema de este gobierno, ciertamente. Lo saben bien esos chilenos que desde hace años ven cómo se les niega su derecho a mejorarse. Es cierto también que algunos abusan del sistema, pero la gran mayoría de los trabajadores con diagnósticos claros y graves se ven atrapados en una maraña de burocracia, descriterio y complejos trámites.
Un hombre tuvo que cortarse los brazos; otro, desesperado, vaciar un extintor; una mujer se desnudó en la oficina del Compin. Y recién entonces se vuelve una prioridad. Recién ahí el derecho a recuperar la salud pasa a estar en el centro de la discusión.
Las soluciones de fondo para el Compin son urgentes, porque esto no es una crisis, entendida como algo agudo y puntual. Es la indignidad cotidiana, habitual, en la que obligamos a vivir a miles de chilenos. Para ellos no hay salud.
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