Categórico, hace algunos días el ministro del Interior aseguró que el proyecto del Control de Identidad Preventivo que pretende incorporar a menores de entre 14 y 18 años sin indicios, no contravenía ningún tratado internacional. Algo que hoy tuvo que reiterar. ¿Por qué?
Porque hoy Unicef, el organismo encargado de velar por los derechos de niños y adolescentes, hoy se ha vuelto a pronunciar y ha aclarado que dicho control “contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”. Categórico.
Unicef ha tenido el cuidado de destacar que lo que dice hoy es lo mismo que dijo en 2016 cuando el gobierno de Bachelet propuso un control de identidad que, al no establecer límite de edad, podía incluir a menores. Salvo, claro, que el Parlamento terminó poniéndole como límite los 18 años.
¿Qué nos demuestra esto? Que el populismo penal se traspasa a quien gobierna. Para izquierda o derecha, la promesa de mano dura rinde votos.
El pronunciamiento de Unicef debiera hacernos reflexionar que no cualquier medida es válida, que el fin no justifica los medios y que si se aprueba un control de identidad sin indicios, que se ha advertido antes y ahora que vulnera tratados y derechos, Chile sí puede ser demandado ante tribunales internacionales.
Triste que hasta ahora la discusión central sea si ayuda o no a combatir la delincuencia. Porque no todo vale, porque las normas no pueden vulnerar garantías constitucionales. Porque el Estado de Derecho nos separa de la ley de la selva y protege a todos. Más aún a los menores de edad.
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