La palabra “estadística” deriva del término “hombre de Estado”, y es que llevar estadísticas es de las primeras funciones de cualquier Estado: no se pueden recaudar impuestos, no se pueden entregar servicios sociales cuando las estadísticas del Estado no son confiables.
Es lo que ha ocurrido en los últimos años en Grecia, en Venezuela, en Agentina. Cuando las estadísticas oficiales se manipulan, como ha ocurrido, entre otros, en los gobiernos de Maduro y Cristina Fernández de Kirchner, la economía se desquicia.
Históricamente, Chile ha tenido estadísticas confiables, pero en la última década ese gran activo del país se ha degradado. Primero, con el fracaso del llamado “mejor Censo de la historia”, y peor aún, con los intentos por encubrir los errores cometidos desde el INE.
Luego, hemos tenido datos de empleo oficiales cuestionados por autoridades del gobierno de Bachelet y de este, incluso con el Banco Central usando fuentes alternativas para tomar sus decisiones. Y ahora, una eventual manipulación del IPC que define sueldos, inversiones, dividendos y un largo etcétera. Cuando las estadísticas fallan, es el Estado completo el que cojea.
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