En conversación con CNN Chile Radio, Katherine Rozas, presidenta regional metropolitana del Colegio de Profesores, cuestionó el dictamen de Contraloría que instruye descuentos a docentes en paro, advirtiendo “falta de oportunidad” y acusando que verdaderas urgencias de la educación pública no están siendo fiscalizadas con el mismo rigor.
A raíz del paro nacional convocado por el Colegio de Profesores los días 4 y 5 de junio, la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, emitió un dictamen dirigido a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y a diversas municipalidades. En el documento, se instruye a las entidades informar sobre las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio educativo durante la paralización.
Asimismo, se solicita detallar las acciones dispuestas para aplicar descuentos en las remuneraciones de los docentes que adhirieron al paro, junto con otras disposiciones administrativas vinculadas a la movilización.
En conversación con CNN Chile Radio, la presidenta del Colegio de Profesores regional, Katherine Rozas, criticó duramente el dictamen, señalando que su publicación coincide de manera cuestionable con la jornada de movilización docente.
“Lo miramos con bastante preocupación, porque sentimos que no existe un sentido de oportunidad: justo en el momento en que se desarrolla un llamado a paro de profesoras y profesores, sale este dictamen. Sentimos que la oportunidad no fue la ideal”, afirmó.
Rozas fue más allá, sugiriendo una posible motivación política en el actuar del órgano fiscalizador.
“Para nosotros es curioso que justo exista un llamado a paralización y aparezca este requerimiento, no solo a los servicios locales, sino también a DAEM, DEM y corporaciones de educación. Ciertamente, hay una intencionalidad detrás”, sostuvo.
La dirigenta también cuestionó el criterio de urgencia aplicado por la Contraloría, señalando que existen múltiples deficiencias estructurales en los establecimientos educacionales que, a su juicio, no han sido abordadas con el mismo rigor.
“Hay muchas urgencias en la educación pública que requieren fiscalización de la Contraloría, pero no hemos visto el mismo sentido de urgencia en esos temas”, declaró.
En ese sentido, denunció condiciones precarias en escuelas de la Región Metropolitana: “Tenemos casos como el de un liceo en San Ramón que imparte gastronomía y no tiene gas desde marzo. O una escuela en La Granja donde ofrecen formación en tecnologías sin contar con Wi-Fi ni computadores”, ejemplificó.
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