Ya no hay cohecho ni soborno. Hoy, en la audiencia de juicio abreviado del caso Penta, el fiscal Manuel Guerra retiró esos cargos por los que antes habían sido formalizados Carlos Délano, Carlos Lavín y el ex subsecretario Pablo Wagner.
Tras un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados defensores, se evita así el juicio oral. Délano y Lavín sólo arriesgan 4 años de presidio remitido por delitos tributarios, o sea, no irán a la cárcel ni se les acusará de haber coimeado a una autoridad.
El fiscal hizo esto contra la opinión del Consejo de Defensa del Estado, que hoy acusó ilegalidad alegó para mantener la acusación de cohecho y acusó a Guerra de cometer una ilegalidad. Antes también se opuso la unidad anticorrupción de la misma fiscalía, que recomendó mantener el cohecho…
También contradice Manuel Guerra su propio compromiso ante la opinión pública. El 2016 había declarado que reconocer el cohecho era un tema intransable para llegar a un juicio abreviado.
¿Qué pasó con “el bien jurídico afectado” y con la “probidad pública”? ¿Qué cambió? De los antecedentes del caso, según reconoció Manuel Guera, nada. Sino que él, pero ninguno de los otros querellantes, modificó su valoración de los hechos.
Pagar 42 millones en cuotas bimensuales a una alta autoridad política ya no es cohecho. Ahora se llama “aporte económico indebido”. Una señal nefasta para la probidad pública, tal como sí lo decía hace 2 años el fiscal que hoy ha llegado a este arreglo.
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