Un mes y medio después de la muerte de Hugo Morales, el gásfiter que falleció en La Moneda tras 18 extenuantes horas de trabajo, en el Gobierno alguien asume la responsabilidad.
La salida de la directora administrativa Antonia Rozas, anunciada ayer, es una señal tardía, pero correcta, de que una situación como esta sencillamente no puede ocurrir.
El estándar exigible para nuestras autoridades es superior al que esperamos de cualquier ciudadano.
Según los informes, Morales sufrió un infarto al corazón después de una extensa jornada laboral, lo que ha traído consigo denuncias de condiciones laborales calificadas como inhumanas en la sede de Gobierno.
La Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República, la ANFUPRES, había pedido la renuncia de Antonia Rozas argumentando que su responsabilidad en la crisis era evidente e ineludible.
La asociación sostiene que Rozas ha fallado en su deber de velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores.
Morales, de 63 años, se desempeñaba como gásfiter en el palacio presidencial desde mayo del 2023 y murió la noche del viernes 27 de septiembre, mientras realizaba sus labores. Su muerte ha puesto además en evidencia las deficiencias en la gestión de la institución y ha generado, por cierto, indignación entre los trabajadores y la familia.
En Chile nos hemos acostumbrado a que se eludan las responsabilidades de las autoridades públicas, es raro que alguien pierda su cargo. Por lo mismo, si bien tardía, la salida de Rozas es la señal correcta.
Es de esperar que el Gobierno haga el aprendizaje, sobre todo porque se trata de un gobierno de izquierda y sus actos deben ser consonantes con sus declaraciones.
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