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Esta semana la agenda de la Convención Constitucional estuvo marcada por distintas decisiones tomadas en torno a iniciativas y normativas que formarán parte de la futura Constitución, o al menos del borrador que se votará en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, conversó con CNN Chile sobre las más recientes determinaciones que se han tomado en el hemiciclo y el trabajo en general que han estado desarrollando los convencionales en medio de cuestionamientos que han surgido por problemas de consenso en algunas materias, como el caso del informe de justicia.

“Lo que pasó con el informe de justicia, es parecido a lo que ocurrió con el primer informe de sistema político, en que se rechaza el informe, pero no por que se considera que el contenido del informe es uno que vaya a ser negado. El voto de rechazo no es un voto de negación. Sino porque hay un consenso más o menos amplio de que es una conversación que necesita continuar”, explicó.

El convencional se refirió también a la discusión de una eventual Cámara de las Regiones, planteando que es fundamental que dicha instancia sea “un órgano de representación regional, como nosotros creemos que hoy el Senado, en los hechos, no es. El Senado es más bien un órgano de política nacional pero no tiene una función especial de representación de una perspectiva regional”.

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Atria además detalló al respecto que esta nueva Cámara contaría con el mismo número de representantes por cada región, ignorando sus diferencias poblacionales. Además son cargos que tendrían una duración de cuatro años y facultades locales ligadas al territorio.

“El problema que tiene Chile con la institucionalidad que tenemos, es un problema de ineficacia legislativa, incapacidad legislativa. Entonces, la primera cuestión es cómo hacer un proceso más eficaz y por eso esta asimetría entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las regiones, por eso eliminar los cerrojos constitucionales”, aseveró.

El constituyente planteó también que -desde su perspectiva- el Gobierno debiera asumir un rol comunicacional respecto al proceso convencional y de difusión en torno a los contenidos aprobados por el Pleno ya que “son equivalentes a una ley“, aunque no sobre las propuestas que siguen en discusión.

Por otro lado deslizó que sería “impropio que el Gobierno pretendiera dar instrucciones a los convencionales en general o de su coalición respecto a qué decisiones tomar”, pero que eso no quiere decir que “no estemos en comunicación con las personas que están en el Gobierno”.

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