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La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público busca que sus propuestas sean revisadas por la Convención Constitucional de tal forma de ser incluidas en la eventual nueva Constitución del país.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación explicó en CNN Chile que el 28 de diciembre fueron a la Convención para exponer sus propuestas, eso tras haber conversado con alrededor de 75 convencionales. “Estas propuestas surgen de un proceso democrático abierto que nosotros tuvimos entre fines de mayo y julio con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”. señaló.

En esa instancia determinaron siete propuestas que van en la línea de “reforzar la autonomía en términos, por ejemplo, de establecer la autonomía financiera, lo que nosotros llamamos la independencia técnica de los fiscales que a veces se presta para confusiones” y aseguró que “nosotros no tenemos el mismo conceptos que los jueces de independencia”.

Consultado sobre si dentro de las ideas se incluye el mecanismo por el cual se designe al fiscal nacional, Bravo afirmó que eso es efectivo y que “nosotros decimos que el Poder Judicial no debería intervenir en la designación del fiscal nacional a través de la Corte Suprema, como es hoy, o a través de las Cortes de Apelaciones en el caso de los fiscales regionales”.

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Desde la agrupación gremial buscan “que se genere un consejo técnico al interior del Ministerio Público de evaluación de antecedentes, cuya integración será definida por el constituyente o por la ley” para elegir al mejor candidato, “y luego, en el caso del fiscal nacional, pase por los órganos deliberativos políticos democráticos y en el caso de los fiscales regionales, esos nombres pasen al Consejo General de Fiscales Regionales que existe, pero que tenga más poder”.

En la misma línea, cree que lo mejor es que un fiscal nacional dure cuatro y no ocho años en el cargo. En paralelo, indicó que respecto a la carrera funcionaria aspiran a que se mantenga, pero que se perfeccione, premiando la experiencia y el mérito.

“Nosotros no pedimos aumento de sueldo ni nada de eso, tenemos una visión republicana y democrática para ofrecerle a la Convención una propuesta que obviamente ellos autónomamente definirán si les gusta o no les gusta”, puntualizó.

Bravo señaló que la propuesta de “un sistema nacional de flagrancia permite y bajo la lógica de la economía de escala maximizar el uso de los recursos”, tanto para estandarizar procesos, como para generar proceso de actuación igualitario de Arica a Punta Arenas para “tener una respuesta común”.

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“Yo estoy absolutamente seguro de que en uno o dos años más vamos a estar hablando de un sistema nacional de flagrancia“, cerró.

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