Este miércoles, una menor de 17 años amenazó de muerte a la rectora del Instituto Nacional (Santiago) a través de redes sociales. Frente a esto, la empresa Meta activó los canales de cooperación internacional para advertir a las autoridades de esta situación.
Los datos llegaron a la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano, cuyos funcionarios comenzaron las diligencias para encontrar el origen del mensaje y lograron detener a la joven.
Para entender cómo funciona esta nueva forma de operar por parte de las policías chilenas, el comisario Juan Valdenegro, parte de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano (Cibermetro), en conversación con CNN AM, explicó estas operaciones.
La PDI siempre se mantiene en contacto con una cooperación internacional con diferentes empresas y ellos dan a conocer los detalles de la cuenta, la publicación con alguna amenaza o una autolesión. “Nosotros, una vez que recibimos esta información, tenemos que analizarla, ver el contexto en que realiza la publicación, y con los indicios o las pruebas técnicas que ellos nos informan, nosotros procedemos a una investigación con el fin de individualizar a la persona”, sostuvo Valdenegro.
El comisario recuerda que no infringe una invasión a la privacidad de los usuarios de las distintas redes sociales, sino que es atentar con las términos de uso y condiciones de las aplicaciones. “Cuando existe alguna lesión, una publicación que amenace a otra persona, infringe estas normas y ellos están obligados a reportarlo a las diferentes policías de cada país”, dijo.
Según, el miembro de la Brigada Investigadora del Cibercrimen este tipo de amenazas en colegios se han masificado en los últimos meses. “Se produce un fenómeno colectivo. Hay muchos estudiantes que, ya sea por un juego, copian estos mensajes y los republican en sus redes sociales o en su círculo. Pero hay que recordar que hace años atrás también tuvimos, por así decirlo, una ola de mensajes de amenazas y que nuevamente este último mes se ha notado más un aumento en este tipo de denuncias”, señaló.
Las sanciones a las que puede arriesgar una personas parten desde el cierre de la cuenta donde se produce la amenaza y después son las responsabilidades penales. De ahí depende el tipo de intimidación y la Fiscalía es quien continúa el proceso.
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