¿Quiénes poidían negarse a practicar abortos con la nueva ley de 3 causales? Según el Congreso, sólo los profesionales médicos.
Pero el Tribunal Constitucional, en fallo conocido anoche, amplió esta objeción de conciencia a todo el personal, y también a las instituciones.
De este modo, dio sustento legal a la decisión de algunas organizaciones, como la Universidad Católica, de no permitir abortos en las 3 causales legales en sus clínicas, aunque estas reciban dinero del Estado.
Hoy, el rector de la UC fue más allá. Anunció que los médicos que sean docentes de la universidad y trabajen en el sector público podrán usar la objeción. Si no lo hacen, dijo textualmente el rector, «habrá que conversar con ellos».
Una clara presión institucional sobre los profesionales que libremente han decidido que sí es correcto practicar abortos en las causales extremas que plantea la nueva ley.
Un efecto que da para pensar. Permitir que las instituciones tengan objeción de conciencia termina interfiriendo sobre la libertad de las personas para decidir, precisamente, en conciencia.
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