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El retiro de fondos previsionales se tomó la agenda y ha sido tan rápido que pilló desprevenido al Gobierno. Lo que al comienzo era un no rotundo por parte del Ejecutivo, se flexibilizó cuando el presidente Sebastián Piñera se abrió a analizar el tema.

Este martes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lo dijo fuerte y claro: “Nosotros lo veníamos estudiando hacía tiempo. No lo habíamos hecho público, pero veníamos estudiando hacía tiempo esta causal, la de enfermedad terminal”. Pero si eso fuera así, en el Ministerio del Trabajo no lo sabían o directamente no están de acuerdo. Tal como reflejó el ministro Nicolás Monckeberg cuando unas semanas atrás entró en el debate por la petición de la profesora de Antofagasta de retirar su dinero para la jubilación.

“Tanto el Tribunal Constitucional como el ordenamiento jurídico y los tribunales de justicia han defendido el derecho de propiedad de estos fondos y este derecho de propiedad garantiza que estos recursos se usan para pensiones, de tal manera que estos recursos no han tenido fundamento, ni tendrán fundamento alguno“, dijo en esa ocasión el titular de Trabajo.

Bastantes días después, pero antes del anuncio del presidente Piñera, la subsecretaria del ramo, María José Zaldívar, opinaba exactamente igual que Monckeberg y afirmaba en CNN Chile que “los ahorros para pensión son para pensión y por lo tanto no se puede buscar una finalidad distinta para estos ahorros por muy urgente y por muy entendible que sean las otras necesidades. Hay que buscar otros mecanismos para cubrir esas otras necesidades que legítimamente las personas puedan tener”.

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Sin embargo, con el pasar de los días la postura oficial cambió. Contradiciendo a las autoridades de Trabajo y Previsión Social, Piñera aseguró que el gobierno se encontraba dispuesto a analizar la opción para “casos excepcionales”, aunque sin especificar cuáles. Sólo horas después, el mandatario acotó las opciones a una: las enfermedades terminales.

La postura del mandatario evidenció una disposición a discutir el tema, mientras que en el Ministerio del Trabajo no parece existir el mismo nivel de flexibilidad. El martes, incluso después de los dichos del presidente, el ministro Monckeberg sostuvo que “definitivamente nosotros no estamos dispuestos a abrir la discusión a otros casos, que por legítimos que sean. Creemos que la solución no pasa por gastarse la plata de pensiones en esos casos. Nosotros creemos que para esos casos debe haber otras políticas públicas”.

Pero al parecer el ministro Monckeberg se quedó solo, porque la subsecretaria de Previsión Social también cambió de opinión a una semana de sus anteriores declaraciones y este miércoles se alineó a la postura del presidente Piñera, afirmando que “este es un tema absolutamente excepcional. El objetivo, tal como se ha dicho hasta ahora, es mejorar las pensiones y claramente una persona que está con una enfermedad terminal tiene una expectativa de vida que es distinta, y por lo tanto lo que estamos viendo es analizar cuál es la mejor manera de abordar este tema”.

Contradicciones y posturas distintas dentro del propio gobierno que han marcado la discusión sobre el tema, mientras los recursos presentados por los afiliados siguen avanzando en el Tribunal Constitucional y el movimiento NO+AFP ya comienza a sacar cuentas alegres.

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