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A través de un plebiscito y en medio de acusaciones de fraude electoral, la dictadura de Augusto Pinochet validó la Constitución de 1980, estableciendo el llamado Estado subsidiario, el que está “fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa económica particular“.

Con esto se dio paso a la privatización de las empresas del agua y la luz. Años después, el gobierno de Eduardo Frei privatizó las empresas sanitarias a finales de los ’90. Por otro lado, Chilectra y Chispita dejaron de existir para transformarse en Enel, controlada por el Estado italiano. Hoy, China, a través de CGE y otras compañías, podrían controlar el suministro eléctrico de 3,7 millones de hogares chilenos.

La estatización en Chile, dicen algunos, no se ha ido, sino que cambió de bandera y el control de servicios básicos por parte de estados extranjeros hace que nos preguntemos: ¿Cuál debiese ser el el rol del Estado chileno en nuestra economía? Para ello, respuestas hay varias.

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Eduardo Bitrán, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, por ejemplo, sostiene que “el Estado como empresario en esos sectores no lo hacía muy bien y el sector privado lo puede hacer muy bien si tiene la disciplina, el rigor, el control, la redición de cuentas que corresponde, y ese es el desafío”.

En tanto que Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, declaró que “Chile ha sido un país abierto a la inversión extranjera y ésta ha sido capaz de crear empleo, traer tecnología y aportar financiamiento, pero esto se debe hacer resguardando la competencia en los sectores que reciben esta inversión. Nuestra forma de acercarnos al rol del Estado no es solo más o menos Estado, sino de un mejor Estado”.

Modernizar el Estado

Y aunque la modernización del Estado suena abstracta, lo cierto es que afecta a todos los días a millones de personas. Los expertos dicen que un Estado moderno, eficaz y eficiente debiera partir por un uso correcto de tecnología.

“Es un tema central de modernización del Estado, el tema digital. El Estado tiene estancos. El servicio A no conversa con el servicio B y éste con el C, y cada uno es una república independiente, cuando el tema digital, la gracia, es que está todo interconectado”, añadió Bitrán.

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Junto a lo anterior, detalló que “se habla como ejemplo de Nueva Zelandia, Australia, Inglaterra, Canadá. Cuando cambia un gobierno, cambian ministros y subsecretarios y los altos cargos de los servicios están ahí por mérito y tiene evaluaciones de desempeño, y no dependen del poder político del gobierno de turno y nosotros no hemos podido arreglar eso”.

Para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Estado moderno tiene como gran desafío un estatuto del empleo público. “Un gobierno puede despedir arbitrariamente como lo hemos vivido, lo que genera es que esa persona se vaya sin derecho a indemnización y si está cesante no tiene seguro de cesantía. Hay que abordar la precarización del Estado“, advirtió José Pérez, presidente de la ANEF.

Y los desafíos se siguen sumando. Pero en lo que concuerdan la mayoría de las voces es que la modernización del Estado no aguanta más retrasos. Por lo pronto, la ley de transformación digital da plazo hasta 2024 para eliminar trámites en papel.

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