De las 14 páginas que tiene el documento que selló el acuerdo para la “Protección de Ingresos de las familias y la Reactivación económica del empleo”, apenas un párrafo aborda sutilmente los desafíos medioambientales del país.
Habla de un “énfasis verde” en la inversión pública que propone el acuerdo, para recuperar la marcha de la economía post pandemia. En particular, sobre mitigación de cambio climático que propone acelerar la cartera de inversiones ligadas a la construcción de embalses, obras de riego, agua potable rural, desalinizadoras e inversión en Energías Renovables No Convencionales, dice el texto.
Pero no explica más y queda la duda sobre la profundidad que tendrá ese “énfasis” de la recuperación. Y si es posible hablar de una “reactivación verde” a la que han convocado organismos como el FMI o la Unión Europea.
“Si estuviéramos en 2010, podría ser aceptable. Pero en esta época tiene que ser mucho más concreto respecto a la acción y mitigación” dice el ex ministro de Medio Ambiente y actual director del Centro de Acción Climática de la Universidad de Valparaíso, Marcelo Mena. “No estamos para guiños. Estamos para transformaciones. Poner una palabra sin volumen, sin una meta específica y una estrategia, no es lo que se esperaba”, explica Mena, quien recuerda que Chile asumió una serie de compromisos “para los que se requieren medidas concretas hoy”.
Por eso extrañó que no hubiera pasos más concretos incluidos en el acuerdo chileno, aprovechando el cuantioso estímulo fiscal por venir. “No hay una mirada de fondo”, dice el ex fiscal del Ministerio de Medio Ambiente Jorge Andrés Cash. “Esta primera señal es muy preocupante porque en el punto de partida no está el tema ambiental”, explica el abogado, que plantea que el documento deja una duda sobre la importancia que tendrá este tema a futuro. “Nuevamente tenemos una constatación de que toda la clase política aborda el tema ambiental de una manera que solo constata una indolencia”.
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Desde el Ministerio de Medio Ambiente respondieron a las críticas y destacan que nuestro país ya está embarcado en una agenda ambiental ambiciosa. “Un camino para un crecimiento sustentable ya está siendo recogido con claridad en la Ley Marco de Cambio Climático, que presentó Chile, en la que se establece la carbono neutralidad al año 2050” dice el subsecretario de la cartera Javier Naranjo. Y ese proceso sigue su curso y no se ha puesto en duda a raíz de la pandemia. Eso evidencia, dicen en la cartera, que sí hay una apuesta por la recuperación verde. “También se propone esta recuperación sustentable en la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) que establece metas al 2030, y en el proceso de descarbonización que ya dio inicio al cierre de las primeras centrales a carbón”, agrega Naranjo, refutando los cuestionamientos al acuerdo.
Gonzalo Muñoz ha estado involucrado en esa discusión desde adentro. Es el Champion de la COP25 que aún preside Chile. Y tiene una mirada distinta sobre los alcances del plan de reactivación. “Yo esperaría que sea algo que se vaya comprendiendo en el tiempo. Hoy se necesita el foco en la salud de las personas. Sin embargo, Chile ya está en una ruta de descarbonización, de compromisos globales asociados al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible” dice. Y recuerda que Chile ya está embarcado en una serie de programas de largo plazo. “Incluso en muchos aspectos está liderando compromisos asociados al acuerdo de Paris. Por ejemplo, el haber liderado la Alianza de Ambición Climática”.
“Lo que debemos hacer es avanzar hacia un desarrollo sustentable con el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado, con los tremendos beneficios sociales, económicos y ambientales que implica esto para el país”, agrega el subsecretario Naranjo.
Cómo concretar una reactivación verde
La discusión está planteada a nivel global. Distintas organizaciones han llamado a aprovechar los estímulos fiscales para transitar a una economía más sustentable.
Este lunes, la directora del FMI Kristalina Georgieva enfatizaba en la necesidad de una recuperación que ponga énfasis en el desafío de la emergencia climática.
“El mundo está por desplegar enormes estímulos fiscales y podemos hacerlo de una forma que permita abordar ambas crisis al mismo tiempo. Si el mundo saldrá más resiliente, tenemos que hacer todo lo esté en nuestras manos para una recuperación verde”, dijo la economista búlgara.
This morning, I told @GLOBSEC, @Bruegel_org and @i_montaigne that I am encouraged by Europe’s response to #COVID19 and look forward to a recovery focused on greener, smarter, fairer and inclusive approaches to economic development. https://t.co/3GZ8ffBno8 pic.twitter.com/EQb1xeSJao
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 15, 2020
En esa línea está la Unión Europea, que ha trabajado en lo que se ha llamado el “Green Deal”, para aprovechar la inyección de 750 billones de euros en generar cambios de fondo en la economía hacia una sostenible. “Tenemos un pacto con las próximas generaciones”, apuntaba la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen.
Si se van a endeudar para reactivar la economía, es necesario preocuparse también del futuro. “Es de la mayor importancia para los más jóvenes (…) si ellos tendrán que pagar parcialmente esos montos, a lo menos deberían cosechar y recoger los beneficios de esas inversiones”, sostuvo.
Cómo conseguir los dos objetivos, crecimiento económico y combate a la emergencia climática, es el gran desafío. “Si uno mira un estudio de la OCDE, un 16% de lo que fue la reactivación económica de la crisis subprime se destinó a iniciativas ambientales. Hoy el Banco Mundial plantea que debería llegar a 30%”, afirma Marcelo Mena.
Y en la especificación de los proyectos que permitan ambas cosas es donde no hay mayor claridad, agrega. “La lista de estos proyectos no son equivalentes a ser sustentables. Un embalse no es sustentable por sí solo. Una desalinizadora no significa resiliencia. Una obra de regadío, sólo si se emplazan en determinadas zonas”, explica el ex ministro.
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“No es reactivación verde. En absoluto”, agrega Pamela Poo, coordinadora de política y regulación de la organización Chile Sustentable. “A lo más tiene que ver con adaptación, por las medidas propuestas. Esto se hizo a la rápida, pareciera”, apunta, porque a su juicio no se plantea una hoja de ruta para avanzar hacia cambios más ambiciosos. “Me hubiera gustado ver priorización de proyectos de inversión que realmente permitan enfrentar los desafíos medioambientales. Por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza como una verdadera protección de glaciares”, dice.
En eso coincide Gonzalo Muñoz, quien espera que las agendas del Ministerio de Medio Ambiente y de Energía logren generar un puente con la que empuja Hacienda en el Plan de Reactivación. “Es una oportunidad que parte desde la necesidad de generar empleos que contribuyan al bienestar de las personas. Pero también a solucionar problemas respiratorios y de salud. Programas de eficiencia energética, recambio de calefactores o cuando hablamos de llevar la matriz energética a fuentes renovables de manera más acelerada. Todo eso genera empleos de forma rápida, de buena calidad”, dice el también fundador de Triciclos y de Sistema B.
“Para que la reactivación sostenible no sea un titular rimbombante es necesario dotar a la reactivación de las consideraciones ambientales que permitan cumplir con el Acuerdo de Paris”, incorporando criterios climáticos en las inversiones a ejecutar y orientando el foco de la inyección de recursos públicos en las áreas que permitan avanzar en esas metas de desarrollo sustentable.
“Un verdadero pacto verde por la reactivación tiene que ser transdisciplinario. Los economistas siguen planteamientos clásicos, con miradas extractivas”, agrega la cientista política. En ese sentido, critica el rol de los partidos opositores en la construcción del acuerdo. “No puedo creer que los partidos progresistas no sepan cuáles son los problemas medioambientales. Las cúpulas al menos no tienen una mirada ambiental”, dice Poo.
Un “Fast Track” para la evaluación de inversiones
Hay otro punto del acuerdo que genera dudas entre algunos actores medioambientales. La propuesta plantea una “Agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión”, específicamente en reducir los tiempos de la evaluación ambiental de grandes proyectos disminuyendo los tiempos en el otorgamiento de permisos. Lo que se ha interpretado como mayor flexibilidad desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos.
“El Gobierno quiere insistir en el Proyecto Pro inversión que hoy estamos discutiendo en Comisión Mixta, que acelera plazos y cambia la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”, asegura el diputado Gabriel Silber, de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, lo que a su juicio relaja las exigencias del trámite medioambiental. “Por eso rechazamos en la Cámara las modificaciones y el Gobierno ahora, vía acuerdo, insiste en ellas”, explica.
Desde la oposición acusan que este proyecto tiene una serie de disposiciones que afectan el sistema de evaluación ambiental. Entre ellas, las tipologías de ingreso, los mecanismos de prevención de elusión y los permisos que se deben otorgar en la evaluación, y las caducidades por haberse excedido.
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Para Pamela Poo el tema es preocupante “porque siempre se da la señal de que es un tema de plazos que se exceden. Y no es así. Porque la administración pública tiene fijados los plazos. Los proponentes son los que demoran, porque tienen malos proyectos; por lo tanto, no es ese el problema. Y para agilizar los proyectos no se necesita ley”, explica. Y la pandemia ya ha tenido impacto, dice, porque los trabajadores del SEIA pidieron que se suspendieran los plazos de las evaluaciones. “Porque cómo sales a evaluar en terreno un proyecto en estas condiciones. Lo único que suspendió fue las que tenían participaciones ciudadanas en curso”.
El jefe del Área de Medio Ambiente de Elías Abogado, Jorge Cash, concuerda en ese punto: “No puedo apurar un permiso si no es por modificaciones legales. Los plazos tienen que ver con la ley. Lo que puedes hacer es que sea más eficiente”, dice, y asegura que esto “se cuelga de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, pero son 80% materia de gestión”.
“Si decimos que la necesidad tiene cara de hereje, entonces sí acelera inversión. Pero pasarán mucho proyectos en un contexto regular de tramitación no serian aprobados”, complementa el diputado Silber.
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