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En la jornada de este jueves, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió su informe al Congreso, respecto al financiamiento del proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En este, el organismo emitió una observación respecto a como se logrará financiar el proyecto y su impacto en el largo plazo. Lo primero que señalaron fue que las proyecciones deben realizarse a 50 años y no en 30 como está estipulado en el proyecto.

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“Si bien el CFA valora que la Dipres realice proyecciones a cerca de 30 años (2050), tratándose de materias previsionales se sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que dicho ejercicio considere un horizonte aún mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema”, aseguraron.

Otro punto establecido por el CFA fue que es necesario asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual para financiar este proyecto, por lo que sugiere revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento para la PGU.

Respecto a la exenciones tributarias, si bien advierte que no tiene impacto en la deuda bruta del gobierno, si debe revisarse su aplicación, ya que aseguran que “la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU“.

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A su vez, en su informe, se identificaron “una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural”.

Por último, desde el organismo, señalaron que la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al Fondo de Reserva de Pensiones, que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, este “implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados”.

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