Este miércoles se pretendía despachar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de impuesto a “súper ricos” y grandes empresas tras su aprobación, pero en la comisión de Constitución fueron presentadas nuevas indicaciones a la iniciativa.
Esta acción fue vista como una forma de dilatar la discusión por parte de quienes promovieron el proyecto, como la diputada Camila Vallejo (PC), autora de la iniciativa.
La moción busca establecer, en su idea matriz, un impuesto único de un 2,5% a quienes tengan un patrimonio de 22 millones de dólares. Sin embargo, durante la tramitación se sumaron nuevas indicaciones, como la eliminación de la exención tributaria y aumentar el impuesto de primera categoría de 27% a un 30% a las denominadas “mega empresas”.
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La discusión ahora se retrasa luego que desde Chile Vamos presentaran nuevas indicaciones.
Matías Walker (DC) destacó que como oposición se pusieran de acuerdo “en algo que le hace mucho sentido a la ciudadanía: que las grandes fortunas del país puedan hacer un esfuerzo adicional para poder financiar una renta básica universal de emergencia”.
Por su parte, la diputada Vallejo comentó que “el Congreso Nacional ha estado a la altura de las recomendaciones internacionales que se han establecido en el último tiempo”, mencionando lo planteado por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales.
“Es necesario un impuesto al patrimonio, al stock, a la acumulación de fortunas, y además un impuesto a los flujos de quienes han ganado con sus grandes negocios durante la pandemia”, agregó la diputada comunista.
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Desde Chile Vamos, en tanto, aseguran que hay otras vías para obtener recursos para el Estado que serían más eficientes que un impuesto al patrimonio.
El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) explicó que “la oposición ha presentado un proyecto que claramente no recauda lo que dice que va a recaudar”, por lo que plantearon otra alternativa “que no es humo”.
Ahora, con estas nuevas indicaciones en la mesa, la comisión de Constitución debe extender su discusión en la instancia. Por su parte, desde el gobierno ya anunciaron recurrir al Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad del proyecto.
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