Tras la formulación de cargos realizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra de Michael Clark y otros directores vinculados a Sartor AFG, la administradora de fondos respondió públicamente asegurando que presentará sus descargos dentro del plazo legal, y cuestionó con dureza la legalidad del proceso llevado adelante por el regulador.
A través de un comunicado emitido por el estudio jurídico Winter Etcheberry, el abogado Jorge Cabrera afirmó que “en los próximos días y dentro de plazo, vamos a presentar los descargos que confirmarán que la intervención del liquidador de la CMF ha sido ilegal, abusiva y sin debido proceso, causando un gran perjuicio a aportantes chilenos a costa de un traspaso de beneficios al grupo peruano Credicorp, que intentó realizar una toma de control hostil y al que hemos demandado en arbitraje”.
El jurista también señaló que, tras una primera revisión de los antecedentes contenidos en la formulación de cargos, no se advierte una infracción sustantiva a la normativa vigente.
“La primera lectura de los cargos demuestra que los préstamos a relacionados sí están permitidos en la ley chilena, que generaron beneficios a los aportantes, que se cumplieron los reglamentos y que los hechos descritos se relacionan con eventuales faltas o supuestas negligencias, más que otras cosas”, sostuvo.
En ese sentido, Cabrera aseguró que Sartor presentará evidencia de que la información entregada al mercado fue debidamente validada por distintas instancias.
“Vamos a demostrar en los descargos que la información que se entregó al mercado fue la misma que validaron el regulador y los auditores, entre otros”, concluyó.
La respuesta de la administradora se produce en medio del creciente cuestionamiento público e institucional hacia el rol de Sartor en la propiedad de Azul Azul, sociedad que administra a Universidad de Chile.
La CMF investiga posibles infracciones a la Ley del Mercado de Valores por presunta entrega de información falsa, hecho que podría derivar en sanciones económicas e incluso inhabilitaciones para ejercer cargos directivos.
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