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La Región de La Araucanía posee uno de los principales focos de contagio del COVID-19 y, en ese escenario, uno de los casos que se encuentra en investigación es el brote que surgió al interior del gobierno regional.
La suspendida seremi de Salud de la región, Katia Guzmán, es acusada de no haber activado los protocolos para evitar contagios, pese a estar en conocimiento de que había funcionarios infectados en la división.
Por esta situación, el Colegio de Periodistas presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco, al que Guzmán respondió con su propia versión de los hechos, que fue presentada por su abogada, la defensora penal pública Constanza Álamos.
Según publicó La Tercera, la representante de la autoridad, quien también fue diagnosticada con el virus, señala que “no estaba en obligación de permanecer en cuarentena, por no constituir un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19″.
En el documento de 17 carillas se detalla que el primer caso confirmado en el gobierno local fue el jefe de la Unidad de Residuos del Departamento de Acción Sanitaria, Pablo Cabezas, quien no sería un colaborador cercano de Guzmán.
En la misma línea, la abogada indica que la seremi fue informada el 20 de marzo del diagnóstico de Cabezas, con quien se había reunido unos días antes.
“Luego de esa reunión del 15 de marzo no hubo un contacto más estrecho”, afirmó.
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