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El Senado rechazó ayer los cambios propuestos por el proyecto que corrige la Ley de Protección al Empleo, iniciativa que permite la suspensión del contrato laboral entre empleados y empleadores a raíz de la crisis por el COVID-19.
Esta semana el Ministerio del Trabajo indicó que un total de 56 mil empresas se acogieron a la normativa para suspender sus contratos con 768 mil trabajadores y el gobierno el gobierno aclaró que las grandes empresas representaban sólo el 4% de los registrados.
Luego del rechazo en el Senado, la iniciativa deberá pasar ahora a su revisión en una comisión mixta y, en ese contexto, el presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC) anunció una indicación que prohíba repartir dividendos a aquellas empresas organizadas como sociedades anónimas que se acojan a la ley, así como también a las que tengan operaciones en paraísos fiscales.
La idea contó con un amplio respaldo de la oposición y, dentro de ese bloque, la senadora Carolina Goic (DC) sugirió que también debería analizarse los sueldos de los directores: “Parece increíble que le pidan a un trabajador que rebaje su remuneración y haya directores que ganen cifras escandalosamente millonarias”, dijo.
Posturas en el oficialismo
En tanto, dentro del oficialismo existen distintas posturas. La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysserlberghe, tildó las propuestas de un “prejuicio de una ideología de izquierda”.
Sin embargo, según consigna La Segunda, su par Patricio Melero (UDI) manifestó que “parece contradictorio que mientras el Estado destina una cantidad importante de recursos, algunas empresas sigan teniendo gastos que podrían postergarse”.
“Hay que adecuar la ley para que el grueso del flujo de recursos vaya al empleo y no se distraiga en situaciones como en reparto de dividendo o pago de sueldos de directorios”, añadió.
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También dentro de Chile Vamos, el senador Andrés Allamand (RN) manifestó que considera que lo razonable sería diferenciar entre accionistas grandes controladores y los minoritarios: “Los primeros voluntariamente no deberían retirar dividendos”, dijo.
En tanto, desde Evópoli, el diputado Francisco Undurraga indicó que cree que la repartición de utilidades debería limitarse al 30% que está establecido en la ley.
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