El Gobierno presentó una denuncia al Ministerio Público por la tercera dosis de la vacuna Pfizer administrada al presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil.
El documento está dirigido al fiscal regional oriente, Manuel Guerra y está firmado por las subsecretarias de Salud Pública, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
La acción señala que los hechos “podrían constituir el delito contemplado de apropiación indebida”.
“La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria, con la obligación de que dicho establecimiento de salud la suministrara estrictamente en la forma y condiciones que la misma autoridad señale y, en ningún caso, para que se dispusiera de ella a su arbitrio o capricho con fines personales de Gil, en su calidad de propietario de la citada clínica”, se lee en el texto de la denuncia.
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Además, acusan que “Gil habría realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, consistentes en presentar un certificado médico, de fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que ya había exigido la inoculación”.
Además, citan el despido de la funcionaria que informó sobre lo sucedido a la Seremi de Salud Metropolitana.
Las autoridades denuncian que los hechos “perjudican directamente al grupo más vulnerable de nuestra población”, ya que la vacuna Pfizer/BioNTech estaba destinada a niños, niñas y adolescentes.
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