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La Fiscalía Oriente informó este lunes que abrió una investigación de oficio ante los casos que se conocieron previo al fin de semana largo sobre personas que habrían utilizado helicópteros para trasladarse a la playa pese a las restricciones de viajes decretadas por la autoridad por el COVID-19.

La Fiscal Regional (s) Lorena Parra indicó que “toda persona que infringe el artículo 318 arriesga penas que van desde los 61 días a 540 días y multas de 3 a 20 UTM“.

La normativa sanciona a “el que pusiera en peligro la seguridad público por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio”.

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Por otra parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señaló que, de acuerdo a los antecedentes que han recopilado, serían dos los vuelos que incurrieron en presuntas infracciones a partir del 5 de abril.

El primero se trata de un vuelo desde Vitacura a Cachagua con ida y vuelta durante el 6 de abril, el que detallaron que “se incurrió en infracción aeronáutica al no entregar el piloto el listado de pasajeros y no constar el permiso sanitario correspondiente”.

El segundo corresponde a un vuelo que se hizo desde Vitacura a Cachagua el 7 de abril con vuelta el mismo día.

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