Roberto Garrido, fiscal vocero de la Fiscalía regional de La Araucanía, confirmó la apertura de una investigación penal en contra de la secretaria regional ministerial de Salud de la zona, Katia Guzmán, quien dio positivo en el examen de COVID-19.
“El Ministerio Público ha iniciado investigación por el delito previsto en el artículo 318 del Código Penal en virtud de un denuncia interpuesta por un trabajador de medios de comunicación. En este delito, según la denuncia le cabría participación y responsabilidad a la Seremi de Salud de La Araucanía, señora Katia Guzmán”, explicó Garrido a Biobío Chile.
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Esto, luego que la Seremi regional realizara un punto de prensa con varios periodistas. Por esa razón, funcionarios y al menos 14 autoridades locales deberán permanecer en cuarentena como medida de precaución.
“A partir de hoy día, todos los funcionarios que trabajan en la Seremi de La Araucanía, deben hacer cuarentena, ya sea porque son casos confirmados o porque son contactos de los casos confirmados”, afirmó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.
“Participó en actividades, en vocerías y cosas por el estilo. Eso da cuenta de que el Ministerio de Salud no está haciendo las cosas con el estricto rigor que la circunstanias exigen”, declaró Esteban Maturana, vicepresidente de la Confederación Nacional de Funcionario de Salud Municipal (Confusam).
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En tanto, el fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffman, fue designado por el fiscal regional Cristián Paredes para la investigación de un paciente, quien no respetó la cuarentena establecida por las autoridades y que, contagiado por COVID-19, viajó en avión desde Santiago hasta Temuco.
En la instancia deberá perseguir con dedicación preferente la denuncia presentada contra la autoridad sanitaria regional ante eventuales delitos de la misma naturaleza del caso de Temuco, en un contexto de catástrofe por la emergencia sanitaria que enfrenta el país.
El fiscal Roberto Garrido recordó que el Artículo 318 del Código Penal sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.
Asimismo, “se ha solicitado a la Policía de Investigaciones la formación de un equipo especial para la investigación de este caso y otros que estaban a cargo del fiscal Carlos Hoffmann, por el mismo ilícito”, explicó Garrido.
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“De ahí entonces que sea tan relevante el cumplimiento de las disposiciones de salud que imparte la autoridad, no sólo para la protección de la salud de cada uno y de la sociedad, sino que también porque la infracción de este tipo de normas puede generar responsabilidades penales que están castigadas con multas que pueden llegar a las 20 UTM y además con penas privativas de libertad que pueden extenderse a los 540 días en su máximo”, dijo Garrido.
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