La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional (CC) aprobó en general durante esta jornada una norma que nacionaliza las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos.
La propuesta establece que se deben nacionalizar e incorporar al exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación de bienes estratégicos, “pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”.
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La norma, aprobada por 11 votos a favor y 8 en contra, señala que el Estado “tomará posesión inmediata de esos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile”, quien tendrá el plazo de un año desde que se implemente la nueva Constitución para implementar la disposición.
Comisión de Medioambiente vota en general esta norma 👇🏻 y aprueba los artículos 1,5,8,3,4,7 y transitorios. La norma es “por la nacionalización y nueva gestión social y ambiental de la minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos para el buen vivir”. pic.twitter.com/5XPHAjMnSS
— Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) February 1, 2022
El convencional Rodrigo Álvarez señaló que esta norma “significa un error jurídico, ya que confunde una serie de conceptos muy importantes (…) También es un error económico y, al mismo tiempo, es un grave error para la responsabilidad de Chile a nivel internacional“.
“Nos parece una pésima norma y esperamos que se revierta en el pleno”, sostuvo el abogado, quien recalcó que “incumpliría una enorme cantidad de tratados de protección de las inversiones que tiene Chile y, por supuesto, eso va a significar un reclamo profundo y juicios para el Estado”.
Por su parte, el convencional Bernardo Fontaine calificó la determinación como “un enorme acto de injusticia“.
“Con esta votación (…) la CC se saldría totalmente de los límites que ha establecido la Constitución, que es justamente respetar los tratados internacionales”.
“Además, produciría una bancarrota del país porque tendríamos que indemnizar a todas las compañías mineras que serían expropiadas. Esta norma no tiene ningún sentido común, ningún sentido de justicia y no se puede aplicar. Con esto la comisión entró en Fantasilandia”, cerró.
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