Columna de Paula Solar | La ilusión del Presupuesto 2027: por qué Chile necesita una visión real para la Ley Ricarte Soto

El debate sobre el Presupuesto 2027 para la Ley Ricarte Soto (LRS) ha vuelto a encender las alarmas en el sector de la salud pública. Las cifras proyectadas muestran una reducción nominal que, ajustada por inflación, representa una caída real cercana al 14%. Sin embargo, el problema de fondo es estructural: el presupuesto propuesto funciona como un número estático en el papel. No transparenta el gasto real del Estado en tratamientos de alto costo, no prospecta la demanda futura de la población y perpetúa una rigidez metodológica en la evaluación económica de los medicamentos.

Hoy, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) que realiza el Ministerio de Salud incluye estudios clínicos de costo-efectividad e impacto presupuestario. Sin embargo, el marco metodológico vigente se restringe fundamentalmente a la perspectiva del pagador público de salud (MINSAL/FONASA). Bajo este enfoque, no se contabilizan de manera sistemática los costos indirectos para el resto del aparato estatal ni para la sociedad, tales como el gasto en licencias médicas laborales, las consultas de urgencia evitables o el impacto socioeconómico en cuidadores y familias que deben abandonar el mercado de trabajo.

Cuando el sistema evalúa no incorporar una terapia innovadora, el gasto no desaparece; simplemente se desplaza hacia otras partidas del presupuesto público o hacia el bolsillo de las familias.

Una evaluación farmacoeconómica moderna, que adopte una perspectiva societal, permite identificar que el financiamiento de tratamientos avanzados genera retornos directos e indirectos para el Estado, tales como:

• Disminución del gasto en licencias médicas al evitar el deterioro funcional acelerado del paciente.
• Descongestionamiento de la red pública, reduciendo hospitalizaciones y atenciones de urgencia recurrentes.
• Retención y reinserción laboral tanto para los pacientes como para sus cuidadores, preservando la productividad y la recaudación fiscal.
• Aumento de días libres de discapacidad y años de vida ajustados por calidad (AVAC).

Avanzar en el acceso a medicamentos que mejoren una mayor cantidad de outcomes (resultados integrales de salud) reduce la carga económica global, tanto para los usuarios como para las arcas fiscales.

La judicialización y el gasto no transparente

La consecuencia directa de no canalizar la demanda a través de la Ley Ricarte Soto es el aumento de la judicialización. Datos de FONASA revelan que solo durante 2024 el gasto en cumplimiento de fallos judiciales para tratamientos de alto costo alcanzó los $81.000 millones, un incremento de más del 150% respecto al año anterior.

Esta “tercera vía” resulta significativamente más ineficiente por dos razones centrales. La primera es la nula capacidad de negociación: Mientras que la Ley Ricarte Soto o las compras centralizadas de CENABAST permiten negociar precios por volumen o esquemas de riesgo compartido, una compra por mandato judicial se efectúa con plazos acotados e individualizados, donde el Estado debe pagar el precio máximo de lista sin margen de descuento. Y la segunda razón es el desplazamiento presupuestario e imprevisibilidad: Al no existir un fondo asignado para cumplir sentencias judiciales, los recursos se reasignan desde otros presupuestos.

Garantizar el derecho a la salud dentro del marco institucional de la Ley Ricarte Soto es más eficiente, equitativo y sostenible que resolver las coberturas caso a caso en los tribunales.

El debate del Presupuesto 2027 exige superar la discusión de ajustes estáticos. Se requiere transparentar el gasto real en salud de alto costo (incluyendo los desembolsos por la vía judicial), actualizar la metodología de evaluación económica hacia un enfoque societal y prospectar las necesidades del sistema con herramientas de anticipación presupuestaria. Solo así el país podrá garantizar el acceso a la innovación farmacéutica protegiendo, al mismo tiempo, el patrimonio público.

Win-Win

Paula Angélica Solar Oliver, científica y vicepresidenta Nacional PPD