La condena fue entregada por el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago.
Debió esperar más de tres años para que el Tribunal de California diera su veredicto.
Corte Suprema confirmó pago por 1.800 millones de pesos a 74 familias.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.