El Decreto Ley 2.191 concedió impunidad a delitos cometidos entre 1973 y 1978.
Los crímenes se registraron 1981 cuando Martínez era capitán de Ejército.
El CFA advirtió que se podría concretar "el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales".