La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el otorgamiento y pago del bono Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE) por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
A través de un informe emitido por la entidad, se identificó, por medio de una auditoría, que estas irregularidades se presentaron entre el 1 de agosto de 2021 y hasta el 28 de febrero del 2022.
El documento también sostuvo que el Sence “otorgó el IFE Laboral a postulantes que no cumplían con algunos de los requisitos”. Entre estos, se encontraban personas contratadas por el Estado; trabajadores que no cumplían con el requisito de cesantía o que prestaban servicios al Estado mediante honorarios.
La entidad ordenó que se devolvieran, de forma íntegra, los fondos mal gestionados. La cifra asciende a los $3.574.640.527.
En esa línea también se estableció que el Sence “deberá ejecutar el procedimiento consignado en el artículo 77 de la ley que ordena requerir el reintegro para los pagos indebidos del subsidio en estudio, por las sumas de $435.905.117, $579.351.832 y $2.559.383.578 respectivamente”.
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