Nueva Ley de Datos: Qué deberán cambiar los edificios en el manejo de información de residentes

La Ley 21.719, que comenzará a regir el 1 de diciembre de este año, tendrá un impacto directo, profundo y obligatorio para las comunidades de edificios y condominios respecto a cómo manejan la información de los residentes, visitas y trabajadores.

Por ello, compartir grabaciones de cámaras por WhatsApp, mantener los registros de visitas indefinidamente o utilizar un sistema de reconocimiento facial sin una alternativa podrían convertirse en prácticas de riesgo para las comunidades.

“Hasta ahora, las comunidades y administraciones operaban bajo una norma con exigencias mínimas y sin un organismo fiscalizador con capacidad sancionatoria real. Con la nueva ley eso cambia de forma estructural”, explica Felipe Maturana, CTO y co-fundador de Millacero, plataforma chilena de conserjería remota para comunidades y edificios.

La nueva normativa exigirá que cada dato tenga una finalidad justificada, un plazo de conservación y controles sobre quién puede acceder a él. “Administrar correctamente significa tener una base legal para cada dato, un plazo de retención definido, control de quién accede a qué y trazabilidad de esos accesos”, señala Maturana.

El cambio tendrá especial impacto en las cámaras de seguridad. Las comunidades deberán definir cuánto tiempo conservarán las grabaciones, quiénes podrán revisarlas y evitar que sean utilizadas para fines distintos de aquellos para los que fueron recopiladas.

Otro punto crítico será el avance del reconocimiento facial. Al tratarse de datos biométricos, la nueva ley los considera datos sensibles y establece mayores exigencias para su tratamiento. “Hay que ofrecer siempre una alternativa no biométrica como tarjeta, PIN o llave para quien no quiera o no pueda dar ese consentimiento”, plantea el CTO de Millacero.

Para los residentes, el cambio significa mayor control sobre su información personal. La nueva normativa les permitirá, entre otros derechos, solicitar acceso a los datos que mantiene la comunidad, pedir su rectificación o eliminación y oponerse a determinados tratamientos, según corresponda.

Para Maturana, la preparación debería comenzar con algo tan básico como saber qué información maneja actualmente cada comunidad. “El primer paso es un inventario completo de datos: qué se recolecta, con qué finalidad, dónde se almacena, quién accede y por cuánto tiempo se conserva”.

A partir de ahí, agrega, las comunidades deberán revisar sus contratos con proveedores, capacitar a sus equipos e incorporar herramientas que permitan gestionar consentimientos, accesos y eliminación de información.