La normativa entrará en vigor este miércoles 28 de mayo y facultará a Carabineros -entre otras cosas- a determinar el trayecto del recorrido de la carroza fúnebre y a realizar controles de identidad de los participantes del proceso funerario.
Este miércoles 28 de mayo entrará en vigor la ley 21,717, que establece normas para la realización de funerales de alto riesgo, y que permite presumir fundadamente que la realización de un funeral representa un riesgo para la seguridad y el orden público.
La normativa -que inició en un mensaje presidencial- fue despachada en noviembre de 2024 por la Cámara de Diputadas y Diputados y aumenta penas y otorga más atribuciones a Carabineros en este tipo de situaciones.
Según información de Carabineros, entre mayo de 2019 y mayo de 2025, se realizaron en Chile 2.438 funerales de alto riesgo. En ese contexto, se llevaron a cabo 169.968 controles preventivos y se detuvo a 1.610 personas; además, el resguardo de seguridad y orden público significó el despliegue de más de 136 mil funcionarios policiales.
El texto regula la realización de funerales sobre los cuales se presuma fundadamente que son un riesgo para la seguridad y el orden público, y que hayan sido calificados de tal manera por el delegado/a presidencial, de acuerdo al reglamento de la normativa.
Cabe destacar que para calificar un funeral de riesgo, el delegado podrá requerir información a la PDI y a Gendarmería.
Adicionalmente, si un órgano de la administración del Estado, en el marco de sus competencias, tiene antecedentes de que un funeral pudiera ser de riesgo, informará de inmediato a la Delegación Presidencial Regional. Dichos antecedentes serán reservados.
Así, la autoridad ordenará lo más pronto posible que la inhumación o cremación se realice dentro de las 24 horas desde la notificación.
Esto resolución tendrá en consideración un informe técnico de Carabineros, en el cual se consignarán antecedentes delictuales del fallecido, circunstancias de la muerte y demás datos definidos en el reglamento.
Ley de funerales de alto riesgo/Agencia Uno
El mencionado informe deberá ser entregado al delegado/a presidencial en un plazo máximo de dos horas desde que se toma conocimiento del deceso.
Simultáneamente, la institución policial será la encargada de determinar el tipo de despliegue y recursos necesarios para gestionar el riesgo asociado al funeral y desarrollará las acciones respectivas.
La normativa también establece que habrá un plazo máximo de 24 horas, desde la notificación, para realizar todo el proceso funerario, es decir, desde la inscripción de la defunción en el Registro Civil, la identificación y el traslado de la persona fallecida desde el lugar de muerte o desde el Servicio Médico Legal (SML) hasta donde se realizará la sepultación o cremación.
Asimismo, la inhumación se deberá realizar al interior de un cementerio o crematorio autorizado por el Código Sanitario.
Una vez que el delegado/a dicte la resolución, se informará al Registro Civil. La notificación de dicha resolución se efectuará personalmente por Carabineros a alguna persona mayor de edad en el siguiente orden de prelación: cónyuge o conviviente civil sobreviviente, hijos, ascendientes o hermanos.
A ello se suma que Carabineros podrá determinar el trayecto del traslado de la carroza fúnebre y deberá resguardar la seguridad durante el proceso.
En el caso de la comisión de posibles delitos en el marco de los funerales, se establece que las penas a aplicar excluyen el grado mínimo.
También se contemplan delitos dentro del cementerio o crematorio, así como en la ceremonia fúnebre, en el traslado o en las inmediaciones del lugar. Sobre esto último, se considerará una distancia de mil metros perimetrales desde los límites del cementerio.
Carabineros también podrá hacer controles de identidad a los participantes e impedir el ingreso de elementos que pudieran provocar lesiones o daños. Además, se podrá impedir el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol o las drogas.
Aquellas personas que incumplan las restricciones para funerales de alto riesgo recibirán penas de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años y un día) así como una multa de 10 a 20 UTM.
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