El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile.
Cabe recordar que la votación es obligatoria para esta elección, por lo que las personas que no concurran a sufragar pueden estar sujetas a multas que van entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, puede superar los $100.000.
En ese sentido, el Ministerio del Trabajo junto al Sevel, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social detallaron las medidas para el voto de trabajadores.
¿Cuánto tiempo tienen los trabajadores para ir a votar?
De acuerdo a la normativa vigente que rige el proceso electoral, las personas que deben trabajar ese día tienen derecho a un permiso mínimo de tres horas para sufragar, sin que esto implique descuento de remuneraciones ni represalias.
Al respecto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, fue enfático en destacar la importancia de garantizar tanto la participación ciudadana como el respeto de los derechos laborales durante la jornada electora
“El llamado del Gobierno es a cumplir con estas normas y a fortalecer nuestra democracia a través de la participación”, señaló.
Denuncias por incumplimientos para trabajadores en el día de la elección
La Dirección del Trabajo anunció que recibirá denuncias el domingo 16 de noviembre entre las 09:00 y las 14:00 horas a través de su Canal de Atención Telefónica (CAT): 600 450 4000.
Las materias fiscalizables serán el no otorgamiento del feriado legal, la negativa para otorgar permiso a vocales de mesa e incumplimiento de las tres horas para sufragar.
Lo más leído
- MOP inicia instalación de puente mecano provisorio tras socavón en Zapallar por sistema frontal
- Irán advierte que podría ampliar el bloqueo marítimo si EE. UU. mantiene el cerco naval
- Tras sistemas frontales: Gobierno activa etapa de reconstrucción de viviendas y detalla ayuda a familias
- México realiza un segundo envío marítimo con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela
- Alcalde de Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones