El Gobierno descartó impulsar un plan de regularización de migrantes empadronados antes del 11 de marzo y señaló que el tema quedará en manos de la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast. La definición la entregó la ministra vocera, Camila Vallejo, al ser consultada por el debate abierto tras declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien pidió avanzar con la situación de 180 mil personas empadronadas.
En un podcast del senador Felipe Kast, Tohá planteó que el Gobierno “tiene el deber” de regularizar a esas personas antes del cambio de mando. “Creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente (…), porque si no, (…) va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”, afirmó.
Consultada por esas declaraciones, Vallejo sostuvo que no existe un plan de regularización en las próximas semanas. “No hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo porque son procesos que no pueden resolverse en 3 o 4 semanas, son procesos largos y por eso tiene que ser articulado en este caso con la próxima administración”, señaló.
La vocera también afirmó que la conversación debe trascender al menos dos administraciones, debido a que los procesos de regularización “abarcan meses” y requieren “un esfuerzo de Estado de gran envergadura” y un consenso político mayor.
Empadronamiento: “paso importante” y traspaso de información
Vallejo defendió el empadronamiento realizado por el Estado, calificándolo como “un ejercicio de transparencia muy importante”. Según indicó, permitió conocer quiénes eran esas 180 mil personas, algo que antes no estaba identificado.
En esa línea, planteó que lo relevante es que esa información quedará a disposición de la próxima administración para evaluar decisiones en la materia, ya sea avanzar total o parcialmente en una regularización, con prioridades o no.
La ministra vocera cerró señalando que el Estado ya tiene más datos para evaluar la situación de las personas empadronadas, como cuántas tienen hijos o trabajo. Con esos antecedentes, indicó, la próxima administración podrá decidir si avanza completamente o de forma parcial en un eventual proceso de regularización.
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