La secretaria de Estado afirmó que la iniciativa solo exige fundamentar los despidos, reiteró la disposición del Ejecutivo a flexibilizar posturas para aprobar el reajuste y defendió el derecho del Gobierno a seguir impulsando sus compromisos legislativos hasta el final del mandato.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las críticas de la oposición respecto de la denominada “Ley de amarre”, asociada a una serie de indicaciones impulsadas por el Ejecutivo en el marco del proyecto de reajuste del sector público.
En entrevista con 24 Horas, la secretaria de Estado aseguró que dichas acusaciones “no tienen asidero en la realidad” y descartó que la iniciativa impida desvinculaciones de funcionarios públicos.
Vallejo explicó que el proyecto no establece ninguna norma que prohíba los despidos, sino que únicamente exige que estos sean debidamente fundamentados.
“Esto no impide desvinculaciones, no hay ninguna norma que esté puesta en el reajuste del sector público que impida desvincular trabajadores. Lo que dice es que se debe fundamentar”, precisó.
En esa línea, la ministra sostuvo que se ha construido una narrativa comunicacional errónea en torno a la iniciativa, impulsada —según afirmó— desde la oposición.
“Se ha construido una propaganda. Esto lo solicitaron los funcionarios y alude a una cuestión que no innova mucho, porque siempre se puede reclamar una desvinculación cuando es injustificada, pero no hay un impedimento o amarre a funcionarios que son de confianza política”, indicó.
La vocera de Gobierno recalcó que el Ejecutivo ha mostrado disposición a flexibilizar posturas para facilitar la aprobación del reajuste, subrayando además que el costo fiscal de la medida es el más bajo desde 2019.
“Se pone como el punto que impide avanzar en todo lo demás, pero el Gobierno siempre ha sido flexible para que esto no termine siendo un obstáculo para tener un reajuste para el sector público”, señaló.
Asimismo, Vallejo denunció la existencia de una “campaña de desinformación” en torno al proyecto.
“Siempre hay ánimos de poder revisar y mejorar, pero sin conceder las mentiras que se instalan. Aquí no existe la ley de amarre, no hay impedimento”, afirmó.
Finalmente, la ministra cuestionó los argumentos que apuntan a que el Gobierno no debería impulsar reformas por encontrarse en la última etapa de su mandato.
“Se ha tratado de instalar que hay una especie de transición política, y que todo lo que empuja este Gobierno debería guardarse. Una cosa es el traspaso administrativo y otra es renunciar a proyectos que son compromisos del Gobierno”, concluyó, enfatizando que el Presidente Gabriel Boric continuará impulsando su agenda legislativa hasta el final de su mandato.
