Tras la filtración de facsímiles de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia y la suspensión a nivel nacional de su aplicación, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) plantearon la presentación de acciones legales para quienes resulten responsables de este acto.
Los representantes de la UDI emplazaron, en primer lugar, al Gobierno y al Ministerio del Interior a presentar una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado.
El senador Víctor Pérez argumentó que “quien usa todos los medios para llamar a alterar el orden público, quien usa todos los medios para amenazar a quienes van a trabajar y ejercer el derecho de llevar adelante la PSU, no hay duda que está atentando contra el orden público y el orden público es un elemento esencial de la seguridad del Estado“.
Por su parte, la diputada María José Hoffmann pidió que la querella esté enfocado a los jóvenes “o contra sus padres. Acá también hay que buscar las responsabilidades civiles que tengan los padres de aquellos jóvenes que han permitido que exista esta violencia”.
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Por otra parte, los parlamentarios presentarán acciones legales para perseguir a quienes hayan cometido robos y daños durante las distintas manifestaciones.
Finalmente, emplazaron a la Universidad de Chile, que “es dueña de la PSU y tiene la propiedad intelectual”, a tomar acciones legales contra quienes han dañado su propiedad al filtrar y romper facsímiles.
“Este hecho es verdaderamente inaceptable porque aquí se han cometido una serie de delitos a vista y paciencia de la opinión pública. Primero, incitar a la alteración del orden público a través de las redes sociales y de todos los medios; algunos dirigentes amenazan y dicen que van a violentar este derecho que tienen los estudiantes a dar esta prueba y en algunos casos han concretado esa amenaza”, dijo Pérez.
Hoffmann, en tanto, advirtió que “es muy difícil que podamos tener un proceso constituyente, que podamos resolver los problemas que tenemos que resolver, en este ambiente”.
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