Esta mañana, el Gobierno junto a la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión de 77 ciudadanos peruanos y bolivianos con antecedentes por distintos delitos.
Según declaró el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, las deportaciones son “todas por orden judicial”, detallando que más del 90% de ellos tienen condena por la ley 20.000, conocida como Ley de Drogas, y que se mantenían cumpliendo condenas en cárceles chilenas.
Ante las criticas que se han realizado a la gestión del Gobierno por la mediatización del proceso de regularización migratoria, la autoridad respondió: “Creo que ponerlo a un nivel de ‘circo’ es no respetar el lugar, los derechos humanos de las propias personas que están siendo expulsados. Segundo, es no entender nada, es minimizar el efecto de lo que significa un país que tiene una política migratoria ordenada”.
“La critica de por qué se hace mediáticamente, es porque el Ejecutivo tiene la obligación de informar, es parte de la responsabilidad de cualquier gobierno. Las cosas no se hacen ocultas“, recalcó.
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