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Tribunal declara admisible querella por presunto fraude al fisco contra Irací Hassler por la fallida compra de Sierra Bella

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El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta por la administración de Mario Desbordes contra la diputada y exalcaldesa Irací Hassler por el presunto delito de fraude al fisco en el marco de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella, así como contra todos quienes resulten responsables.

Cabe recordar que, en enero de 2023, Hassler inició una serie de gestiones para la adquisición del inmueble con el propósito de implementar la primera clínica municipal en la comuna de Santiago.

En representación de la Municipalidad de Santiago, el abogado Sergio Ignacio Contreras Paredes consignó que la resolución exenta de la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la exjefa comunal “vulneró gravemente el principio de probidad administrativa al omitir el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz, y que con su actuar comprometió gravemente el interés general y la integridad del patrimonio municipal, en los términos de los artículos 52 y 53 de la Ley N° 18.575”.

En ese contexto, el pasado 9 de mayo el alcalde Mario Desbordes firmó el Decreto Sección N° 1834 y aplicó las sanciones propuestas por el ente contralor.

“El perjuicio al patrimonio de la I. Municipalidad de Santiago derivado de los hechos denunciados es concreto, actual, cuantificable y creciente. No depende de la resolución del debate sobre el precio de compraventa —que permanece, según se dijo, sub judice en sede civil— ni se agota en él”, argumentó la querella.

La acción judicial expone que la administración anterior comprometió eventuales recursos públicos de salud de manera desleal. Específicamente, sostiene que el decreto de pago N° 187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara.

Además, señala que el Decreto Alcaldicio N° 810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa omitiendo, entre otros antecedentes, el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo.

“El cuadro resultante es el siguiente: la Municipalidad de Santiago es hoy propietaria registral de un inmueble que adquirió mediante un proceso administrativo declarado ilegal por la Contraloría, de escueto valor comercial comparativo y menor aún utilidad práctica; debe pagar por él una suma que ha crecido a más de $9.300.000.000 por efecto de intereses; no puede pagar esa suma sin comprometer gravemente su funcionamiento y su capacidad para atender las necesidades de la comuna; y tiene bloqueados $2.475.862.002 de fondos de salud que no puede liberar ni destinar a la atención primaria de los habitantes de la comuna”, expone la querella.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Santiago se refirió a la decisión del 7° Juzgado de Garantía.

“Ante estos graves hechos, la Municipalidad solicitó formalmente al tribunal, como corresponde en estos procedimientos judiciales, que los antecedentes sean remitidos de inmediato al Ministerio Público para dar inicio a la correspondiente investigación penal”.

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