Tras muerte de estudiante en Inacap de La Granja: Seremi de Salud inicia sumario y multas podrían llegar a los $70 millones

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Tras muerte de estudiante en Inacap de La Granja: Seremi de Salud inicia sumario para determinar eventuales irregularidades

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó la apertura de un sumario sanitario contra Inacap, luego de que un estudiante falleciera tras un accidente registrado en un taller de electricidad de la sede ubicada en la comuna de La Granja.

A través de un comunicado, señalaron que la medida busca establecer las responsabilidades institucionales en el hecho ocurrido durante la jornada del jueves.

En el marco de la fiscalización, informaron que los equipos técnicos de la autoridad sanitaria solicitaron al establecimiento educacional la entrega de antecedentes críticos para la investigación.

Entre los requerimientos se incluyen los planos y estados de las instalaciones eléctricas, los protocolos de trabajo y procedimientos de emergencia vigentes, así como los registros de capacitaciones y la disponibilidad de elementos de protección personal para los alumnos.

Pía Venegas, titular de la Seremi de Salud RM, lamentó el deceso del joven y extendió sus condolencias a la familia y a la comunidad educativa. Respecto al procedimiento administrativo, la autoridad manifestó que se han desplegado equipos especializados para “desarrollar una investigación exhaustiva y determinar si es que existieron incumplimientos a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa sanitaria vigente”.

La titular de la cartera regional enfatizó que los centros de formación técnica tienen la responsabilidad ineludible de proteger a estudiantes y trabajadores, con especial rigurosidad en actividades prácticas que involucren riesgos mecánicos o eléctricos. “Las medidas preventivas y los protocolos de seguridad deben aplicarse de manera permanente y rigurosa”, sostuvo la autoridad.

El proceso administrativo contempla una etapa de análisis de antecedentes, descargos y diligencias asociadas. De comprobarse infracciones a la normativa, la institución educacional arriesga sanciones económicas que, según la legislación actual, fluctúan entre las 0,1 y las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $7 mil y $70 millones.

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