La despedida de la senadora Allende ha abierto diversos flancos, entre ellos la evaluación que realiza el PS para presentar requerimientos contra parlamentarios de oposición que habrían mantenido contratos con el Estado.
El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que inhabilitó a la senadora Isabel Allende tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja ha reactivado un intenso debate sobre los límites legales para los parlamentarios que mantienen contratos con el Estado. En este contexto, algunos sectores ya evalúan ingresar nuevos requerimientos al TC para solicitar inhabilidades, invocando el artículo 60 de la Constitución.
Este artículo establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”. A ello se suma el artículo 57, que impide postular al Congreso a quienes celebren contratos con el Estado, incluyendo a gerentes o administradores de empresas que lo hagan.
Un reportaje de The Clinic identificó a figuras políticas que han mantenido contratos con organismos públicos, recibiendo recursos fiscales. Entre ellos destacan los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Juan Castro Prieto (Partido Social Cristiano), Ximena Ossandón (Renovación Nacional), Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), Fidel Espinoza (Partido Socialista).
En el caso de Cruz-Coke, el contrato se remonta a 2015, antes de asumir su cargo como senador. Junto a un socio, arrendó una casona a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), operación que se mantuvo vigente hasta noviembre de 2020, por un valor de cerca de $4 millones mensuales.
“Yo entiendo que efectivamente se armen polémicas y se abra una discusión tipo caja de Pandora, pero creo que hay que ser muy estrictos, sobre todo en derecho público, con la letra de la norma. Y en ese sentido, llamo también a que seamos prudentes porque acá hay innumerables casos de parlamentarios que eventualmente pudiesen aparecer involucrados en asuntos que eventualmente significaran alguna suerte de conflicto con la norma”, sostuvo el legislador de Evópoli.
Por su parte, el senador Juan Castro Prieto aparece vinculado a una red de empresas familiares, entre ellas la Constructora Indemma, la cual ha recibido más de $3 mil millones en traspasos desde diversos organismos públicos. Castro respondió que no ha firmado contratos con el Estado y defendió su trayectoria: “Soy empresario por naturaleza”, señaló, añadiendo que envió antecedentes al medio para aclarar la situación.
Desde Renovación Nacional, Ximena Ossandón fue mencionada por su participación en una sociedad accionista de Cumplo Chile SpA, una fintech que otorga financiamiento a pymes. La empresa ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo, como fondos en garantía por préstamos.
“Participo en una asociación con mi marido donde tengo un porcentaje, y en el caso de Cumplo tengo un 0,6%. O sea, todos sabemos que cuando tú tienes un porcentaje, no tienes ni una posibilidad de gestionar nada, de preguntar nada en una empresa y menos de saber quiénes son los clientes. Pero a pesar de todo eso, existía la duda si efectivamente Cumplo podía tener alguna relación con el Estado. La pregunta yo la hice, Cumplo respondió y no tiene ninguna relación con el Estado porque es una empresa que se dedica de alguna forma a ayudar a emprendedores y a pymes y a minipymes para que tengan sus créditos, y eso muchas veces se hace a través de una suerte de factoring”, aclaró la diputada.
En el caso del diputado Jaime Mulet, precandidato presidencial del FRVS, figura como exsocio de la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, que opera una radio en Vallenar y figura con traspasos de municipalidades y servicios públicos locales. La empresa quedó bajo el control de su esposa, Flavia Torrealba, actual presidenta del FRVS.
“No hay ninguna situación que signifique alguna inhabilidad constitucional, ética, no hay nada de nada. Es un reportaje que hace algunas observaciones, pero no hay ninguna dificultad ni de orden legal ni de orden ético. Me salí de esa sociedad el 8 de abril, como constan los documentos que tengo acá del Servicio de Impuestos Internos (SII), vendí mi participación a una sociedad que se llama Inversiones San José, de la que también es socia Flavia Torrealba. Los desafío a que vayan al TC, vayan donde quieran, no hay nada. Es un invento. Como yo soy hoy día precandidato presidencial, encontraron, claro, una papa y me metieron en algo donde hay otro tipo de situaciones que yo desconozco”, manifestó.
Finalmente, desde el PS, fue mencionado el senador Fidel Espinoza, quien hasta 2018 participó formalmente en la sociedad Difusora Fresia Limitada, empresa que registra cerca de $14 millones en traspasos desde municipalidades de la Región de Los Lagos.
“Me siento muy pero muy tranquilo. Me retiré formalmente de esta sociedad difusora limitada en el año 2005, lo cual quedó registrado entonces en el Diario Oficial. Lo hice pensando en evitar cualquier incompatibilidad con mis funciones parlamentarias. Reconozco que por desconocimiento no advertí que la sociedad seguía en el registro de comercio, situación que fue corregida posteriormente. Desde mi salida no he tenido participación ni he recibido jamás ningún beneficio personal por los contratos que esa sociedad haya suscrito con el Estado o con terceros. Además, siempre en mi labor parlamentaria me he abstenido de votar en temas vinculados a radiodifusión o financiamiento de medios de comunicación porque creo firmemente en actuar con transparencia y respeto hacia la ciudadanía”, puntualizó.
A lo largo de sus 100 años de existencia, Colo Colo ha sido guiado por líderes que no solo destacaron por su talento, sino también por su capacidad para representar el temple y la identidad del club. De David Arellano a Esteban Paredes, la historia del “Cacique” está marcada por capitanes que dejaron una huella imborrable en la memoria popular del fútbol chileno.
