La nueva normativa busca equiparar las exigencias entre taxis y aplicaciones, obligando a los conductores a acreditar experiencia, formación y documentación específica para operar legalmente.
Luego de obtener la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), la llamada Ley Uber ha recibido luz verde para su implementación en Chile.
Este proyecto tiene como objetivo nivelar las condiciones entre los taxis tradicionales y las aplicaciones de transporte, exigiendo a los conductores demostrar experiencia, formación y contar con la documentación necesaria para operar de manera legal.
Con la aprobación ya realizada, solo falta su publicación en el Diario Oficial para que, a partir de 30 días, entre en vigor en todo el país.
Un aspecto clave de esta nueva ley es la creación del Registro Nacional de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), encargado de regular plataformas como Uber, DiDi, Cabify e InDriver.
Además de este registro, los conductores que ya trabajen o deseen hacerlo en estas aplicaciones deberán cumplir con un nuevo requisito obligatorio: obtener la licencia de conducir clase A2, que actualmente es exigida a los taxistas.
El trámite no será automático ni gratuito. Para acceder a esta licencia, los postulantes deberán:
Este último punto implica un gasto no menor.
De acuerdo con lo informado por Automóvil Club de Chile a Las Últimas Noticias, el valor del curso puede oscilar entre $200.000 y $300.000, dependiendo de la escuela, y tiene una duración cercana a las 130 horas, repartidas en aproximadamente dos meses de clases.
Las autoridades han dispuesto un período de doce meses desde la entrada en vigencia de la ley para que los conductores activos o interesados en ingresar a este tipo de plataformas puedan regularizar su situación y obtener la licencia A2.
Una vez aprobada, la vigencia de esta licencia puede extenderse hasta por cuatro años, aunque este plazo dependerá de la edad del conductor.
Con esta ley, el Estado busca nivelar las condiciones entre taxis y plataformas digitales, además de establecer mayores estándares de seguridad para los usuarios.
Monseñor Jordi Bertomeu, enviado especial del Papa para indagar los abusos en Chile, conversó con Matilde Burgos en CNN Chile y dio cuenta de cómo fue que Francisco corrigió esa mirada.
