Hace algunas semanas el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó en el Congreso que se están investigando los criterios para otorgar pensiones de gracia a víctimas del estallido social, donde 40 personas que recibieron el beneficio registran antecedentes penales.
Asimismo, el subsecretario detalló que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y 23 durante la presente administración.
En esa línea, sostuvo que se trata de la “facultad exclusiva del Presidente de la República”. Además, subrayó que “si el Presidente de la República lo estima pertinente, podría revocar el beneficio“.
Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó una variación respecto a lo dicho por Monsalve. Durante la comisión investigadora de este miércoles, la secretaria de Estado dijo que “no hay manera de revertir el beneficio“, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron.
De acuerdo a Tohá, “la ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo” y aseguró que “nunca se ha revertido una pensión de gracia”.
La única manera de dar pie atrás al beneficio, según la secretaria de Estado, sería anularlo a través de un decreto.
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