Con fecha 27 de marzo de 2018 el Pleno del Tribunal Constitucional terminó el examen preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley sobre educación superior, concluyendo declarar, por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento.
Por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades.
La sentencia definitiva será expedida y notificada a los órganos colegisladores a más tardar el 26 de abril del año en curso, dentro de los plazos establecidos por la ley.
Anterior a esto y tras los reclamos de diversos sectores, el presidente del TC indicó que “el Tribunal Constitucional tiene que hacer su labor aunque a las autoridades, por razones de querer hacer bien las leyes, les guste que salgan luego”.
Tras declararse inválido el artículo 63 en la votación, las instituciones privadas que no invierten el dinero en educación, sino que para su propio beneficio, podrán seguir haciéndolo a pesar de otras normativas vigentes.
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