Ante la Contraloría fue presentado un requerimiento que apunta contra el director del organismo, Nicolás Preuss.
Por separado, el diputado Gustavo Hasbún (UDI) y representantes del INJUV, presentaron requerimientos a Contraloría para investigar la adjudicación de una licitación para una campaña comunicacional en el Instituto Nacional de la Juventud.
El origen de la polémica surge a partir de una licitación de 95 millones de pesos dada a la empresa Paréntesis, una oficina de comunicaciones de la cual es socio el ex candidato a diputado Sebastián Iglesias, miembro de Fuerza Pública.
En el sitio web Chile B denunciaron una posible vinculación entre el ex candidato y el actual director del organismo, Nicolás Preuss, ya que este trabajó para la candidatura parlamentaria.
A través de un comunicado, Preuss señaló que la empresa de Iglesias ganó el concurso público porque la otra compañía competidora, excedió el monto asignado a la licitación
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