ALEJANDRO ZOÑEZ/AGENCIA UNO

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 19 agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas en el marco de la denominada “Operación Colombo”. Esto, luego de que el tribunal rechazara los recursos de casación deducidos.

En un fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 12 años de presidio, en calidad de autores de los delitos.

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Mientras que los agentes  Manuel Carevic Cubillos, Ricardo Lawrence Mires, Gerardo Godoy García, Nelson Paz Bustamante, Gerardo Meza Acuña, José Ojeda Obando, Nelson Ortiz Vignolo, Claudio Pacheco Fernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Raúl Rodríguez Ponte, José Abel Aravena Ruiz, José Fuentealba Saldías, Francisco Ferrer Lima y Rosa Humilde Ramos Hernández deberán cumplir con 10 años y un día de presidio.

En cuanto a Miguel Avendaño González y Alejandro Astudillo Adonis, ambos fueron condenados a 5 años y un día de presidio.

Según la resolución, el ministro de fuero Hernán Crisosto Greisse estableció que Carlos Pérez Vargas fue detenido el 10 de septiembre de 1974 y Aldo Pérez el 23 de septiembre del mismo año.

En ambos casos, se trató de detenciones llevadas a cabo por agentes de la DINA, quienes los trasladaron al recinto clandestino de detención denominado José Domingo Cañas y que posteriormente fueron trasladados hasta Cuatro Álamos.

“Durante su estadía en el recinto permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorio bajo tortura (…) respecto de sus actividades partidarias y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político y especialmente su hermano Dagoberto”, detalla el fallo.

En el caso de ambos hermanos, la resolución confirma que desde la última vez que se les vio con vida previo a la detención, permanecen desaparecidos.

Pese a que el nombre de Carlos Pérez apareció en un listado que daba cuenta que había muerto en un enfrentamiento, el máximo tribunal sentenció que “las publicaciones que dieron por muerta a la víctima tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuadas por agentes de la DINA en el exterior”.

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