Se complica la situación del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), luego de que el Ministerio Público solicitara este viernes su desafuero parlamentario.
Esto, en el marco de una investigación que lleva a cabo Fiscalía por el delito de fraude al Fisco, causa en la que también existen otras personas involucradas.
La petición fue presentada por la fiscal Lorena Andrea Parra y busca que el congresista sea formalizado.
Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.
Esta acción se suma al desafuero solicitado esta misma jornada en contra del diputado Miguel Ángel Calisto, indagado por el mismo delito.
“Ambos casos están relacionados con el manejo y la utilización de asignaciones parlamentarias de forma irregular, lo que consideramos, debido a la gravedad de los antecedentes y la eventualidad de comisión de delitos, que deben ser conocidos por los tribunales de justicia”, sostuvo el fiscal Eugenio Campos.
Querella del CDE en contra Lavín Jr.
Cabe recordar que en esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el diputado y contra quienes resulten responsables del delito investigado.
De acuerdo con la acción judicial, el parlamentario habría ejecutado un mecanismo de financiamiento ilegal de su campaña política mediante la rendición de facturas ideológicamente falsas, sin respaldo en servicios reales, con el fin de desviar recursos desde el Congreso Nacional.
El documento detalla que estas maniobras se realizaron con ayuda de su exasesor Arnaldo Domínguez.
“Los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”, señala la acción penal, patrocinada por el procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía.
Según consignó La Tercera, el CDE además solicitó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se sume a la causa por eventuales delitos tributarios, lo que podría agravar la situación del legislador.
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