El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó esta jornada que la Fundación Democracia Viva recién amplió su giro a construcción de proyectos de servicios públicos el 21 de noviembre de 2022, luego de suscribir dos convenios de $370 millones con al Seremi de Vivienda de Antofagasta, según consignó Radio Biobío.
Uno de estos convenios era para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en el campamento “Ecuachilepe”, con un costo total de $200 millones, y el otro para la construcción del mismo tipo de vivienda en el campamento “Irarrázaval Etapa I”, con un costo total de $170 millones.
En los documentos, firmados el 3 y 27 de octubre de 2022, la fundación figuraba como la encargada de implementar mejoras a la construcción; como la instalación de luminarias, contenedores de basura, extintores, entre otras.
El 29 de noviembre se suscribió un tercer convenio luego de que Democracia Viva ampliara su giro a construcción de proyectos de servicios públicos.
Pese a los cuestionamientos por la polémica, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, hizo un llamado a esperar los resultados de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, la que determinará las responsabilidades correspondientes y posibles delitos en el caso.
“Dejen que funcionen las instituciones. Hay antecedentes que indican que hay delito, pero nosotros no somos quienes califican eso”, sostuvo el secretario de Estado.
Del mismo modo, Montes aseguró que la fundación debe devolver el dinero que aún no se haya utilizado, un monto total de $228 millones.
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