El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que un 70% de las instituciones de Educación Superior no están cumpliendo con la ley que obliga a la entrega gratuita de ciertos certificados.
¿Qué dijeron desde el Sernac?
El servicio realizó una fiscalización documental y digital a 111 instituciones de Educación Superior a lo largo de todo el país, respecto del cumplimiento de la Ley Pro Consumidor (Ley 21.398): 52 universidades, 27 institutos profesionales y 32 centros de formación técnica.
En concreto, evaluaron la entrega de documentos por parte de los establecimientos, tales como certificados de estudios, de notas, de estado de deuda y otros análogos. En particular, de qué manera o procedimiento los otorgan, si en forma gratuita o tras un pago, y en qué plazos.
Tras analizar los antecedentes, un 70% de las entidades no cumplió con la normativa debido a que no mencionan acceso alguno a los certificados o porque exigen un pago. Además, el 18% permite el acceso, pero se requiere una serie de pasos que impiden un acceso fluido a la información; o bien, no existe información clara, veraz y oportuna.
Finalmente, solo un 12% de los establecimientos cumple con entregar información clara, veraz y oportuna sobre el acceso a los certificados.
¿Qué falencias encontró el Sernac?
- Falta de información clara sobre la gratuidad de ciertos certificados.
- Ausencia de accesos directos a la información sobre certificados en la página principal.
- Dependencia de la intranet para la solicitud de certificados.
- Falta de transparencia sobre los costos y procedimientos de solicitud.
- Comunicación deficiente sobre el tema a través de asistentes virtuales.
- Ausencia de un enlace público y permanente para la solicitud de certificados.
- Falta de resultados útiles en búsquedas externas en buscadores como Google.
¿Cuáles son las medidas que tomará el Sernac?
- Se envió un oficio a las instituciones para reforzar sus deberes respecto ala entrega de certificados, recordando la importancia de disponibilidad y acceso a la información veraz y de forma oportuna.
- Los antecedentes serán derivados a la Superintendencia de Educación Superior (SES), que es el organismo público responsable de velar porque los recintos de educación superior cumplan con la ley.
- Se realizarán nuevas fiscalizaciones para verificar las correcciones implementadas.
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