La tesis de la querella apunta a delitos de lesa humanidad, los que serían imprescriptibles ante la justicia.
El Servicio Nacional de Menores presentó una querella por presuntos casos de adopciones ilegales en hospitales públicos durante la década de los 80.
La ministra de la institución, Marcela Labraña, interpuso la acción ante el ministro en visita Mario Carroza, marcando de este modo la primera acción del gobierno por seis casos en recintos asistenciales públicos, incluidos los hospitales Barros Luco, J.J. Aguirre, del Salvador y Félix Bulnes.
El Sename solicitó al juez Carroza que investigue los posibles delitos de asociación ilícita, suplantación de estado civil, trata de personas y suposición de parto.
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