La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas eléctricas por su presunta responsabilidad en el mega apagón que dejó sin energía al 98,5% del país el 25 de febrero de 2025.
Según la investigación de la SEC, el Coordinador habría operado el sistema en condiciones inseguras al mantener el corredor Nueva Maitencillo – Polpaico con una transmisión de 1.800 MW, superando el límite seguro de 1.600 MW definido en sus propios estudios, exponiendo así al sistema a un alto riesgo de inestabilidad.
En particular, se formularon cargos contra la empresa InterChile por no mantener sus instalaciones en condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría originado la falla inicial, y por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones sin autorización del Coordinador.
Además, otras compañías de transmisión y generación eléctrica enfrentan cargos por deficiencias en sus sistemas de supervisión y control, lo que habría dificultado la respuesta ante la emergencia y contribuido a la propagación del apagón.
Los cargos contra las empresas
- Transelec fue acusada por no contar con un Centro de Control Principal ni un Centro de Respaldo adecuados para el sistema SCADA.
- Engie Energía enfrenta cargos por la falta de sistemas de supervisión y por desconexiones causadas por protecciones de baja frecuencia.
- CGE, ALFA Transmisora y AES Andes también están involucradas por carecer de sistemas adecuados de supervisión.
- Finalmente, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales habrían desconectado sus instalaciones prematuramente, agravando la caída del sistema.
La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, destacó la rigurosidad de la investigación y afirmó que continúa abierta.
“La SEC ha desarrollado una investigación exhaustiva y rigurosa. Hemos llegado a un convencimiento técnico y jurídico respecto de responsabilidades, tanto del Coordinador Eléctrico Nacional como de ocho empresas integrantes del sistema de transmisión y generación. La investigación avanza, pero todavía no ha terminado”, detalló.
Las empresas podrían enfrentar multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), mientras que los miembros del Consejo Directivo arriesgan sanciones individuales de 30 UTA, las cuales deben pagar de su patrimonio personal debido al régimen especial de sanciones que les aplica.
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